La oposición de Motril, unida para reclamar la exclusión de los concejales no adscritos del Gobierno municipal

Los portavoces de las distintas formaciones políticas que conforman la oposición del Ayuntamiento de Motril se han unido esta mañana para reclamar a la alcaldesa, Luisa García Chamorro, la aplicación de la sentencia 1401/2020, de 26 de octubre, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que reconoce que los concejales después de abandonar una formación política no pueden percibir mejoras económicas.

PSOE, VOX, IU y AxSí han instado a la alcaldesa a que excluya del Gobierno municipal a Daniel Ortega, actual concejal de Deportes, y Susana Peña, concejal de Comercio, a tenor de la sentencia que fija como doctrina que el pase a condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de transfuguismo, impide que se asuman cargos o se perciban atribuciones que antes no ejercía o percibía e indiquen mejoras personales, políticas o económicas.

VOX registró un escrito para exigir informes técnicos sobre esta situación

«Cuando en VOX tuvimos conocimiento de esta sentencia, entendimos que lo procedente era iniciar las actuaciones para esclarecer si los dos concejales no adscritos que forman parte del Gobierno municipal estarían en una situación no conforme a la ley, y además causando un quebranto económico a las arcas municipales», ha señalado Miguel Ángel López, que el pasado lunes registró un escrito para exigir los informes técnicos de Secretaría, Intervención y el Área Jurídica del Consistorio motrileño para determinar la situación en la que se encuentran ambos concejales, así como un informe técnico de Intervención relativo a si procede la devolución de las percepciones económicas obtenidas y el montante de las cantidades a devolver.

El portavoz de VOX señala a la alcaldesa de Motril como responsable de esta situación: «la megalomanía y los miedos de García Chamorro hicieron que pasara de tener un gobierno de quince concejales de los veinticinco que componen la Corporación. Esa megalomanía y ese miedo pueden haber derivado en un perjuicio al patrimonio de los motrileños».

Cumplir el Pacto Antitransfugismo

Por su parte, Izquierda Unida ha hecho mención al acuerdo alcanzado a nivel nacional sobre las medidas contra los tránsfugas para evitar que estos mantengan «derechos económicos». José Llorente (IU) ha querido extender esta nueva adenda que endurece las medidas contra el transfugismo a la administración local, ya que este acuerdo refuerza el criterio para que, en este tipo de situaciones, el tránsfuga no perciba ningún premio o privilegio.

Llorente ha condenado este tipo de comportamientos y ha reclamado al equipo de Gobierno municipal que cumpla con la sentencia que dictamina que los concejales no adscritos no deben cobrar de las arcas públicas.

«Una mayoría cómoda»

En este sentido, Alicia Crespo (PSOE) ha advertido a García Chamorro que es su deber cumplir la Ley y que, de no hacerlo, “las consecuencias para ella pueden ser bastante graves, pues ya tiene una condena firme del Supremo por mentir y fue requerida varias veces por el Juzgado para que la cumpliera”.

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Motril ha exigido a la alcaldesa que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a retirar la asignación económica a los concejales tránsfugas, en este caso a los dos ediles que se presentaron bajo las siglas de Andalucía Por Sí y que, tras ser expulsados de esta formación política, incorporó Luisa García Chamorro, con unas liberaciones económicas de 30.0000 y 33.000 euros, a su Gobierno municipal, en octubre de 2019.

La concejal socialista ha argumentado que el afán de Luisa García Chamorro «por gobernar a cualquier precio» la llevó a generar el «Gobierno más caro que ha tenido Motril en toda su historia». “La alcaldesa prefirió pagar un sueldo a estos concejales buscando una mayoría cómoda cuando no le hacía falta. Y lo hizo a costa del bolsillo de todos los motrileños, para no tener que dialogar ni pactar nada con la oposición e incluso con los propios partidos del Gobierno municipal”, ha insistido Crespo.

Expediente disciplinario en AxSí

En este sentido, David Martín (AxSí) ha afirmado que los concejales que se presentaron en 2019 a los comicios municipales por la candidatura de Andalucía Por Sí, Daniel Ortega y Susana Peña, se integraron en el gobierno municipal en octubre de 2019, tras haber abandonado su formación política cuando estaban en curso de un expediente disciplinario interno por haber roto la disciplina de partido sin contar con la autorización de la coordinadora local ni la coordinadora nacional.

Martín ha afirmado que no entiende cómo el Partido Popular y Ciudadanos que llegaron al gobierno de la Junta de Andalucía hace dos años diciendo que iban a acabar con los chiringuitos y las duplicidades de la administración, ahora mantienen a dos concejales que a su vez dependen de otras dos tenientes de alcalde que tienen delegadas sus competencias, dándose la circunstancia de que por primera vez en la historia de este Ayuntamiento haya una teniente de alcalde de Deportes de la que depende un concejal de Deportes y una teniente de alcalde de Comercio de la que depende una concejala de Comercio. Martín ha comparado los 63.000 euros anuales que perciben los dos ediles con el presupuesto anual que había para eventos culturales en cada ejercicio del anterior gobierno municipal.

El concejal andalucista ha aclarado que algunos ediles que estaban en la misma situación en otras entidades locales han renunciado a sus cargos o a sus salarios, tras la publicación de la sentencia y una vez que han consultado con la secretaría general de cada Ayuntamiento. David Martín ha rechazado que este proceso, registrado el martes en el Consistorio, busque “judicializar” la actividad política municipal “más bien estamos pidiendo que Luisa nuestra alcaldesa y todos los concejales del equipo de gobierno, asuman la sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.