Motril abre un Punto de Encuentro Familiar que también dará servicio a los partidos judiciales de Almuñécar y Órgiva

 Motril está de enhorabuena porque por fin cuenta con un Punto de Encuentro Familiar (PEF) con el que se evitará que los usuarios tengan que desplazarse hasta Granada para poder cumplir con el régimen de visitas establecido. Este PEF dará servicio a los usuarios de los partidos judiciales de Almuñécar y también de Órgiva. 

El Ayuntamiento de Motril ha cedido las instalaciones a la Consejería de Turismo, Regeneración y Administración Local, de donde depende este servicio, y así se ha puesto de manifiesto en la visita a las instalaciones realizada por los tenientes de alcalde de Desarrollo del litoral y playas, José Lemos y de Acción social, Igualdad  y Participación ciudadana, Inmaculada Torres, y la concejala de Comercio, Susana Peña, junto al delegado territorial, Enrique Barchino y el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, además del delegado en Motril del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, José Rojas. 

José Lemos, teniente de alcalde de Desarrollo del litoral y playas ha querido agradecer la disposición mostrada desde la Consejería de Justicia para poner en funcionamiento este punto de encuentro que viene a dar servicio no solo a las familias de Motril sino también a las de los partidos judiciales de Almuñécar y Órgiva. Se trata de ofrecer a estas familias y sobre todo a los menores un espacio adecuado, unas instalaciones que se irán dotando de mayores recursos pero que eran imprescindibles para evitar los desplazamientos a la capital granadina que complicaban esta situación.  

Por su parte, Inmaculada Torres, teniente de alcalde de Acción social, Igualdad  y Participación ciudadana ha hecho hincapié en que “Motril y la comarca de la Costa y Alpujarra están de enhorabuena porque por fin contamos con este recurso del Punto de encuentro familiar que viene a cubrir una necesidad que se tenía en la zona de la costa”. Además, ha querido poner de manifiesto que “la propia alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro ha mostrado mucho interés y ha apoyado todos los pasos dados desde la concejalía en colaboración con la consejería para que esta reivindicación de hace más de diez años sea hoy ya una realidad”. 

Enrique Barchino, delegado provincial, ha agradecido la disposición del Ayuntamiento de Motril por el aporte del local aunque la gestión corresponda a la Junta de Andalucía, también al colegio de abogados de Granada y a su delegado en Motril por la implicación para la consecución de este PEF, mostrando su satisfacción porque la colaboración entre instituciones traiga la creación de servicios como este en las ciudades. 

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, ha reiterado estos agradecimientos informando de que el horario de apertura de este PEF es de 15.00 a 21.00 horas los jueves y viernes y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. El responsable ha indicado que este centro “es espacio neutral para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor”.  

José Rojas, delegado en Motril del Ilustre Colegio de Abogados de Granada ha puesto de manifiesto que se trata de una demanda del colectivo y que viene a dar respuesta a todas esas familias desestructuradas que en caso de conflicto familiar tenían que desplazarse lo que en muchos casos hacía que no accedieran a este servicio. 

En este espacio, además, se va a reforzar la atención a las víctimas de violencia de género, ya que muchas de ellas son usuarias del servicio, especialmente cuando existe una orden de alejamiento del agresor. 

El equipo que atiende a estas familias está formado por al menos cinco personas con diferentes perfiles profesionales de las ramas de Psicología, Pedagogía, Educación Infantil o Primaria, Trabajo Social, Educador/a Social o Jurídica. Es decir, se amplía el equipo técnico en dos personas para la atención de partidos judiciales distintos al de la capital de provincia. El coste de este servicio es de 486.372,34 euros para los años 2022, 2023 y 2024.