Omiste (IU-Equo): “la rebaja fiscal anunciada por el gobierno de García Chamorro deja fuera a las familias y a las pequeñas empresas”

Cuestiona las modificaciones anunciadas como “rebaja de impuestos” porque, principalmente, "benefician a grandes empresas, dejando de lado a las familias y al pequeño comercio motrileño"

Según mantienen desde el Grupo municipal de IU-Equo, las modificaciones de las ordenanzas fiscales aprobadas por el PP y sus socios en el gobierno de la ciudad, suponen “una reducción de la carga de la presión fiscal fundamentalmente para las grandes empresas y para las concesiones administrativas, pero son irrelevantes para incentivar la apertura de nuevos establecimientos por parte de los pequeños comerciantes motrileños”.

La portavoz de su Grupo municipal, Inma Omiste, sostiene que la supuesta rebaja “no afecta a las familias ni a la ciudadanía en general”, que no verán reducida su carga impositiva y tendrán que seguir pagando unas tasas y precios públicos elevados y sin actualizar.

Inma Omiste ha señalado que “la rebaja fiscal no es real”. Es otro elemento más de la propaganda del gobierno local para tapar sus vergüenzas y las de la alcaldesa porque los vecinos y vecinas seguirán soportando la misma carga tributaria y pagando los mismos impuestos que en los últimos años.

El mantra de la bajada masiva de impuestos del Partido Popular se ha desvanecido a lo largo de sus dos años de mandato en la desastrosa gestión municipal que está llevando a cabo en Motril, cuyo principal resultado es el desmantelamiento de los servicios públicos municipales.

Los principales beneficiarios de las modificaciones de las ordenanzas vuelven a ser, por un lado, las grandes superficies comerciales, a las que se bonifica las licencias de apertura y, por otro, las concesiones administrativas municipales, a las que se reduce en 50% la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuyo uso catastral sea predominantemente de carácter deportivo. Unas medidas que afectan a escasas empresas en Motril.

Por este motivo y por la “falta de participación del tejido productivo y social” en las propuestas de modificación, IU-Equo se ha opuesto a su aprobación inicial por parte del Pleno de la Corporación, ha declarado la portavoz de IU-Equo.

A juicio de IU-EQUO, el gobierno de la señora García Chamorro está dejando pasar una excelente oportunidad para “reestructurar los ingresos aplicando criterios de progresividad fiscal”.

No se abordan modificaciones en las ordenanzas en su conjunto que permitan afirmar que favorecen el empleo, que impulsan el comercio y la pequeña empresa, que apoyan la cultura y, sobre todo, que ayudan a las familias más vulnerables.

Según Inma Omiste, la modificación de estas ordenanzas deberían responder a un “proceso de escucha permanente” de los colectivos, de las asociaciones, de las plataformas y, como consecuencia de ello, ser capaces de elaborar un documento que “cumpla con los principios de progresividad fiscal, orientado a ayudar a pequeños negocios, a comercios hosteleros, sector cultural, autónomos o a las personas desempleadas”.

La portavoz del Grupo municipal de IU-Equo ha reclamado la “articulación de un IBI social para las personas con rentas más bajas”, facilitando procedimientos y trámites administrativos, así como de la cuota cero en la tasa de basuras. De ese modo, se favorecería a familias con todas sus integrantes en desempleo o cuyos ingresos dependan de una renta de inserción social, ingreso mínimo vital o ayuda para desempleados.

Inma Omiste ha señalado que, con respecto al IBI, las ordenanzas fiscales para el año 2022 deben contemplar el recargo recogido por la normativa a las viviendas vacías en manos de grandes propietarios y entidades financieras o grandes especuladores.

Una medida “que no será de aplicación, en ningún caso, a los propietarios de segundas residencias”, sino únicamente a los especuladores y grandes tenedores de viviendas, y que deberá ser objeto de la elaboración previa de la correspondiente ordenanza.

El Grupo municipal de IU-Equo ha anunciado que presentará las oportunas reclamaciones a las ordenanzas inicialmente modificadas, conforme a la normativa establecida al efecto.

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